Una Asamblea Constituyente representa, en la experiencia nacional, un escenario propicio para realizar modificaciones estructurales a una Constitución, al menos si observamos la experiencia más reciente. Dentro de poco, la población ecuatoriana decidirá si prefiere o no una nueva Constituyente que elabore, a su vez, una nueva Constitución. 

En 2007, Ecuador organizó una Asamblea Constituyente que prometió “dejar el pasado atrás”. La Constituyente aprobó, mediante una coalición de distintas fuerzas, la Constitución de 2008. Esta fue refrendada por la población. Diversos sectores sociales promovieron un “sí crítico” en favor del nuevo texto constitucional, bajo la idea de que la Constitución y el gobierno de aquel entonces respondían a procesos distintos. 

La Constitución de 2008 reconoció un amplio catálogo de derechos, un rol fundamental del Estado en la economía y amplias atribuciones a la Función Ejecutiva, que marcaron un nuevo modelo dentro del sistema presidencial. Las tensiones y paradojas de la actual Constitución —por un lado, la promoción de la participación ciudadana mediante el ejercicio de derechos, y por otro, la concentración de competencias en el Ejecutivo— respondieron a la composición de la Asamblea de 2007-2008, en la que los escaños se distribuyeron de forma proporcional entre listas abiertas, con un predominio de ciertos sectores. 

La iniciativa actual del presidente Noboa parece inspirarse en aquel proceso constituyente, y en el potencial que puede tener una Asamblea para reformar estructuralmente una Constitución. Más allá de las motivaciones del momento, el debate invita a reflexionar sobre la viabilidad de alcanzar consensos amplios y la necesidad de fortalecer las instituciones existentes. 

Sin embargo, surgen interrogantes sobre la posibilidad de que un proceso de esta naturaleza logre el respaldo mayoritario de la población, especialmente considerando tres aspectos: 

A) En 2024, la ciudadanía no respaldó dos propuestas consultadas en referéndum, lo que evidencia la importancia de construir un diálogo nacional previo a cualquier iniciativa de cambio normativo.

B) Incluso si una Asamblea Constituyente contara con una mayoría afín al Ejecutivo, el consenso no estaría garantizado. Las diferencias de criterio entre diversos sectores y movimientos sociales podrían generar tensiones si se modifican aspectos sensibles del texto constitucional, como los derechos de la Naturaleza o el rol del Estado en los servicios públicos. La experiencia comparada muestra que los procesos de reforma más sostenibles son aquellos que se basan en el diálogo y la búsqueda de acuerdos.

C) Además, un proceso constituyente de gran escala podría implicar costos significativos —estimados en alrededor de 300 millones de dólares—, lo que plantea el desafío de evaluar su conveniencia y resultados esperados.

Frente a ello, una alternativa posible es promover un proceso de diálogo nacional basado en el pluralismo social y la participación activa de los diferentes actores del país. Este intercambio no necesariamente debe concentrarse en una Asamblea Constituyente, sino en un ejercicio amplio y sostenido de reflexión colectiva. 

En experiencias internacionales, como la de Suiza, procesos de diálogo prolongado han permitido construir consensos sólidos y constituciones duraderas. Una Constitución que surja del entendimiento, la palabra y la corresponsabilidad tendría mayores probabilidades de ser aprobada y de contribuir a la estabilidad institucional, tal como lo ha hecho la Constitución de 2008, que continúa vigente hasta la actualidad.